En la actualidad, los delitos de drogas aparecen como una de las problemáticas de seguridad más relevantes y con mayor visibilidad pública en América Latina. Desde los años 70, el "problema de las drogas" se ha abordado principalmente desde un paradigma prohibicionista y punitivo. Aunque en la última década algunos países han comenzado a implementar políticas alternativas, este enfoque sigue siendo hegemónico en la región, y particularmente en Argentina. Una de las principales consecuencias de esta forma de abordar la cuestión fue el incremento dramático en las tasas de encarcelamiento de individuos de sectores populares. Según datos del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (2022), entre 2005 y 2022, la cantidad de personas presas en el país por violación a Ley de Estupefacientes ha aumentado 282%. Además, en el caso de la población de mujeres, esto ha tenido un impacto diferencial (Lassalle, 2024). Sin embargo, las prácticas del sistema judicial cuando castiga este tipo de delitos están todavía poco analizadas. Esto se vincula no solo con la escasez y la opacidad de los datos de esta institución, sino también con la generalización del paradigma punitivo en sí mismo, que impide ver el rol clave que las prácticas de criminalización en general, y las del sistema judicial en particular, tienen en la configuración de esta problemática como principal problema de seguridad ciudadana.
En esta ponencia nos proponemos describir las prácticas de castigo judicial respecto de los delitos de drogas en la provincia de Buenos Aires y a nivel federal. A partir del análisis de datos del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) y de los Ministerios Públicos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, nos centraremos en analizar la tasa de utilización de prisión preventiva para estos delitos, la duración de las condenas impuestas y el modo en que distintas variables extrajurídicas inciden en las decisiones judiciales. Asimismo, examinaremos en qué medida los patrones de castigo a nivel federal coinciden o se asemejan a aquellos observados a nivel provincial.