En la última década a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y luego el programa Progresar se procuró ampliar la protección social a la adolescencia procurando estimular la inversión en capital humano a partir de la escolarización. A partir de la pandemia por COVID-19 en algunas jurisdicciones del país como el Gran Buenos Aires se estableció una nueva normativa que flexibiliza los sistemas de promoción de año a fin de alcanzar una mayor contención en la educación secundaria. En este marco, se propone realizar un análisis de las trayectorias de adolescentes entre 12 y 17 años que perciben la AUH y/o progresar en términos de su propensión a continuar estudiando y en qué medida se factible reconocer desigualdades sociales en el interior de esta población vulnerable, que puede configuración diferentes trayectorias. Cabe preguntarse qué otros aspectos más allá de los sistemas de protección a través de transferencias monetarias facilitan o limitan la continuidad educativa. En este caso se propone poner el foco en los recursos con que pueden o no disponer los hogares en términos de capital educativo de los adultos de referencia, pero también en términos de las configuraciones familiares, el espacio del hábitat de vida, el acceso a servicios como internet, artefactos como puede ser una computadora o celular, el libro, entre otros instrumentos valorados en los procesos de formación. Se podrá avanzar en este tipo de análisis a partir del análisis de un panel de hogares y adolescentes que surgen de los microdatos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) para el período 2018-2023.