A fines del siglo XX, emerge un enfoque renovado acerca de la convivencia en las escuelas, orientado a democratizar un espacio tradicionalmente estructurado de manera jerárquica, con predominancia de perspectivas adultocéntricas y modelos de decisión unilaterales. Este cambio se promueve bajo el amparo de múltiples normativas de índole nacional y provincial.
En este marco, comienzan a revisarse los reglamentos disciplinarios, entendidos como mecanismos de control sobre la conducta y la disciplina de los estudiantes (Litichever, 2019), promoviendo la transición hacia sistemas de convivencia. Se trata de una propuesta que busca revalorizar la opinión del estudiantado y demás actores de la comunidad educativa en su conjunto, apelando al diálogo como mecanismo privilegiado de gestión y resolución de conflictos. Sin embargo, la transición de un tipo de modelo a otro supone dificultades para promover instancias participativas que den lugar a maneras alternativas de abordar las relaciones, los vínculos y las tensiones.
Siguiendo una estrategia metodológica de tipo cualitativa, se analizan los acuerdos de convivencia de seis escuelas secundarias, y los registros de sanciones de cinco de ellas, correspondientes a cursos de los dos últimos años escolares, durante el ciclo lectivo 2022. Del total de instituciones, cuatro pertenecen a Ciudad de Buenos Aires: dos son de gestión privada, una de ellas confesional, y las otras dos son de gestión estatal. Las escuelas restantes pertenecen a la zona noreste del Conurbano bonaerense. Una es privada confesional y la otra estatal.
Comparar múltiples Acuerdos de Convivencia (AC) permite discernir elementos distintivos de cada uno de ellos, y detectar ausencias, aquello que no es nombrado pero que sí emerge en otros. Del mismo modo, tomar los registros de sanciones y observaciones de múltiples escuelas permite rastrear qué conflictos emergen con mayor frecuencia. Además, posibilita registrar patrones comunes, contrastes y diferencias en el abordaje.
La transición desde modelos disciplinarios hacia sistemas de convivencia ocurre de manera disímil. Las diferentes formas que adoptan en cada institución se traducen en experiencias dispares en relación con la posibilidad de participación ampliada, en las formas de abordar y gestionar conflictos, y en la manera de pensar la distancia y la interacción entre los distintos integrantes de la comunidad educativa. Mientras algunas instituciones adaptan un proceso democrático de intercambio y debate entre múltiples actores escolares en la redacción de los Acuerdos de Convivencia, otras se limitan a cumplir con un requerimiento formal, dejando la tarea de su elaboración a distintas autoridades, como equipos de conducción o de orientación escolar.
Las formas que toman estos vínculos y dinámicas no solo impactan en el ambiente educativo, sino que también educan a los sujetos acerca del ejercicio ciudadano, los modos de participación política, la percepción de la justicia y la autoridad, y las maneras correctas y esperables de comportarse en sociedad más allá de la escuela (Núñez & Fridman, 2019).